Noticias Librotecnia

Comentario al libro La responsabilidad patrimonial del Estado legislador...

Comentario del profesor Tomás Jordán Díaz al libro "La responsabilidad patrimonial del Estado legislador por leyes declaradas inconstitucionales", de José Ignacio Núñez Leiva
(Publicado en El Mercurio Legal, el martes 8 de mayo de 2012)


"...La norma declarada inconstitucional se entiende derogada a partir de la fecha de publicación de la sentencia, produciendo efectos sólo hacia futuro. Pero, ¿qué pasa si esa norma inconstitucional produjo perjuicios a terceros durante el tiempo de aplicación?...".

El estatuto de responsabilidad del Estado es y seguirá siendo un tema controvertido en la doctrina y jurisprudencia nacional. Años se ha discutido sobre el tipo sobre la responsabilidad del juez penal y, especialmente, sobre la responsabilidad extra contractual de los órganos de la Administración del Estado, donde la conflictualidad sobre responsabilidad objetiva o por falta de servicio ha acompañado el quehacer jurídico desde la entrada en vigencia de la Constitución, sólo atenuado por la consagración en leyes especiales de tipos específicos de responsabilidad, como la existente en materia sanitaria.

El libro del profesor José Ignacio Núñez Leiva, académico y director de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, se introduce en la doctrina jurídica como un texto novedoso, necesario y disruptivo en esta materia. Postula el examen de la responsabilidad del Estado por normas declaradas inconstitucionales, discusión que se ubica aún en su etapa pre-concepcional.

La introducción al tema la podríamos plantear con la siguiente pregunta: ¿establece la Constitución normas que dispongan la responsabilidad patrimonial del Estado por leyes que el Tribunal Constitucional declare inconstitucionales? El autor se sitúa en la posición afirmativa, de ahí, lo interesante de su lectura.

En nuestro ordenamiento jurídico una norma legal que contraríe la Constitución, y así lo estime el Tribunal Constitucional, será declarada inconstitucional y expulsada del ordenamiento. La norma se entiende derogada a partir de la fecha de publicación de la sentencia, produciendo efectos sólo hacia futuro (la Constitución veda el efecto retroactivo en el estatuto derogatorio). Pero, ¿qué pasa si esa norma inconstitucional produjo perjuicios a terceros durante el tiempo de aplicación?, ¿se deben aceptar las consecuencias dañosas de actos de aplicación de leyes inconstitucionales?

Orientado por las experiencias francesa y española, y con base en las propias normas constitucionales chilenas, el libro se aboca a establecer la "existencia de una cláusula constitucional de responsabilidad patrimonial extensible al legislador". Bajo el «criterio sistemático» y la «regla de la no distinción», ofrece una sugerente fórmula de significación constitucional.

Ésta se construye normativamente desde el estatuto constitucional de responsabilidad del Estado, compuesto por dos grupos normativos: el general y el complementario. El primero lo integran las normas de responsabilidad dispuestas en el art. 6 y 7 de la Constitución, que consagran el principio de supremacía constitucional y el principio de juridicidad, concurriendo responsabilidad del Estado por acciones u omisiones contrarias a la Constitución y la ley. El segundo se conforma por lo establecido en el art. 19 N°7 (responsabilidad del juez criminal) y en el artículo 38 (responsabilidad de los órganos de la Administración del Estado).

Plantea que estos estatutos especiales no deben ser considerados como las únicas fuentes de responsabilidad del Estado, sino que deben "ser dimensionadas como disposiciones que concretan, perfilan y disciplinan la procedencia y alcance de la responsabilidad por hechos del juzgador y administrador en los casos que tales artículos mencionan, pero sin que ello signifique en caso alguno la negación de otras formas de responsabilidad patrimonial del Estado".

En breve, se afirma la factibilidad de forjar una responsabilidad del Estado legislador por normas declaradas inconstitucionales recurriendo al estatuto general de responsabilidad del Estado, pues éste no excluye al legislador como sujeto pasivo y, la existencia de normas especiales, más que aseverar la exclusión de otras responsabilidades, instauran ciertas particularidades de responsabilidad en materia penal y administrativa, prescribiéndose como concreciones de responsabilidad, y no como formulas constitucionales únicas.

Acompaño al autor en su tesis, sobre todo si radicamos el análisis en los incisos finales de los artículos 6 y 7 de la Constitución, normas que habilitan a la ley para establecer la forma y alcance de la responsabilidad de aquellos órganos que contraríen la norma fundamental y las normas dictadas conforme a ella.

No se visualizan trabas constitucionales para que la ley pueda disponer de estatutos de responsabilidad por normas que, bajo el juicio de constitucionalidad, puedan ser declaradas contrarias a su texto. Negar lo anterior conllevaría sostener la facultad de legislador de dejar de cumplir los mandatos constitucionales, cuestión que nos ubicaría en otro tema complejo y escasamente tratado: la responsabilidad del legislador por omisión legislativa.

Hoy, el texto del profesor Núñez Leiva se nos presenta como indispensable.

(El autor de este comentario, Tomás Jordán Díaz, es profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Alberto Hurtado y Católica Silva Henríquez. Abogado de Vial & Asociados)

Enlace a la obra...
Carro


Dolar:
UF:
UTM:
IPC: %


WebPay

VENTAS POR LA WEB SOLO EN CHILE, NO SE HACEN VENTAS AL EXTRANJERO

 

Encuentranos en Espacio M:

Mall Espacio M