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Comentario al libro La expropiación en su manisfestación judicial

Comentario al libro "La Expropiación en su Manifestación Judicial", de Patricio Ponce Correa "
(Publicado en El Mercurio Legal, el viernes 18 de mayo de 2012)



"...El mayor mérito de la obra reside en que se haya asumido por fin la labor de realizar una adecuada sistematización de las diversas acciones y procedimientos expropiatorios, acompañado de la más reciente doctrina y jurisprudencia chilenas...".


Una de las principales reglas de la cláusula de Estado de Derecho está constituida por el principio de garantía patrimonial que procura que los particulares mantengan la integridad del valor económico de su patrimonio frente a las privaciones singulares de que éste pueda ser objeto por parte de los poderes públicos.

Dentro de estas afecciones, la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional no sólo ha sido la de más frecuente aplicación sino que también la que ha provocado el mayor número de conflictos, especialmente por la motivación que la ha originado. Desde su ya lejana aparición en nuestro ordenamiento en el siglo XIX (Constituciones de 1818 y 1833) hasta la dictación de la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones en el año 1978 (Decreto Ley N° 2.186) vigente hasta nuestros días, la realidad había desbordado la regulación originaria de la institución. El largo tiempo transcurrido y el contexto constitucional en que la potestad expropiatoria se inserta, hacían imperioso un análisis profundo de esta figura que, sin dejar de lado sus perfiles teóricos, cubriese sus orientaciones más pragmáticas y casuísticas, y señalara las orientaciones jurisprudenciales más relevantes. Esto es lo que pretende la nueva obra del profesor de la Universidad de Tarapacá don Patricio Ponce Correa, denominada "La expropiación en su manifestación judicial", que origina este comentario.

Si bien el título nos puede dar la impresión que nos encontramos frente a un texto que estudia la expropiación sólo desde un punto de vista adjetivo, y claro está que los diferentes capítulos del libro se articulan en base a los diversos procedimientos que contiene la ley orgánica vigente, lo cierto es que su contenido trasciende más allá y entra de lleno en cuestiones básicas del régimen jurídico expropiatorio. Muy probablemente ello sucede porque, como aparece de la lectura del mismo, la regulación especial de esta institución también ha debido incluir cuestiones de fondo que justificarán una decisión judicial, y no quedarse en el mero camino de alcanzar ésta.

Debe agregarse a lo anterior, que la dogmática chilena, fundamentalmente aquella dedicada al derecho administrativo, sólo había tratado esta temática en artículos monográficos o capítulos de obras generales, pero no había elaborado un texto que estudiara en su conjunto y de manera orgánica el instituto de la expropiación como ahora lo ha hecho el profesor Ponce.

En cuanto a su distribución, el libro se estructura en tres partes. La primera contiene lo que se denomina como antecedentes histórico jurídicos del procedimiento de expropiación, la que es fundamentalmente teórica y dogmática, donde se analiza tanto su concepto como las nociones básicas del instituto, sus bases constitucionales, los elementos que la integran y la fase previa administrativa que la precede.

Sobre este capítulo, llama la atención lo sostenido por el autor en cuanto a que nuestra Constitución habría extirpado la posibilidad de dictar leyes expropiatorias, toda vez que el propio artículo 19 N° 24 de la Carta Magna autoriza su procedencia e incluso esta ley podría no sólo determinar los bienes expropiados sino que también establecer reglas especiales para su indemnización. Lo que si podría cuestionarse respecto de estas denominadas expropiaciones legislativas es la posible vulneración del principio de igualdad y la dificultad de defensa de que dispone el afectado, situación que nuestros tribunales no han abordado debido a su excepcionalidad.

En el capítulo segundo se analizan de una manera detallada y descriptiva las distintas acciones y procedimientos que se contienen en la actual Ley de Expropiaciones.

Esta parte debe merecer una especial atención sobre todo a los abogados litigantes, debido a que la ley vigente no establece de una manera sistemática los diversos procedimientos que ella contiene, pues se encuentran ubicados de una manera dispersa y las disposiciones que lo regulan no son lo suficientemente claras para su adecuada comprensión. A ello, debe sumarse el hecho de que, en virtud de la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil, no existe uniformidad en los tribunales respecto de cuáles disposiciones de este cuerpo normativo son procedentes y en qué tipo de supuestos.

La sistematización que se realiza en la obra permite en cierta forma superar esa dificultad que se produce en la práctica, pues el autor trata de dar un tratamiento homogéneo tanto a las acciones que se le conceden a las partes involucradas en un proceso expropiatorio como a la forma en que el procedimiento debe ser llevado adelante por el órgano judicial.

En su último capítulo, el autor estudia lo que denomina dificultades que ha advertido, tanto en la teoría como en la práctica, originadas en el procedimiento expropiatorio, abordando asuntos diversos tales como la procedencia de la suspensión de la toma de posesión material, la intervención de los terceros y la caducidad del acto. También dedica un título especial a la faz constitucional del instituto.

Cabe expresar que el mayor mérito de la obra reside en el hecho de que se haya asumido por fin la labor de realizar una adecuada sistematización de las diversas acciones y procedimientos expropiatorios, todo ello acompañado de la más reciente doctrina y jurisprudencia chilenas recaída sobre esta materia.

Empero, se extrañan referencias a la discusión que, particularmente en el extranjero, se ha producido en materias tan importantes como el contenido de la indemnización de daños y perjuicios no incluidos en el justiprecio, pero que sí derivan de la expropiación. Esto último no puede resultar indiferente desde el momento que la aplicación del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2.186, de 1978, tendría que ser coordinado con el de responsabilidad administrativa regulado fundamentalmente en la Ley sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

No me queda sino animar a los lectores a dirigirse sin más intervalos al examen de este libro para observar en toda su extensión que éste, por su contenido, debe constituirse en una obra de imprescindible consulta entre la bibliografía dedicada al estudio de esta importante institución de nuestro Estado de Derecho.

(Jaime Rojas Varas, autor de este comentario, es profesor de Derecho en la Universidad Central y en la Universidad Católica del Norte. Magister en Derecho Privado.)

Enlace a la obra....
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