Derecho Administrativo

La prueba en la litigación pública

Codigo: LBdad1515

$ 45.220 con/IVA

Coordinadores: Jaime Arancibia Mattar y Alejandro Romero Seguel
Editorial Librotecnia
ISBN: 978-956-327-151-5
Primera edición, noviembre 2016
Formato: 17,5 x 24,5 cm.
614 páginas

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Colección Estudios de Derecho Público

Este volumen de la colección de Estudios de Derecho Público, de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, se dedica a La prueba en la litigación pública.

En esta ocasión se presentan veintitrés investigaciones sobre diversos temas probatorios. El propósito de esta obra es contribuir al examen de una materia de gran relevancia teórica y práctica.

La prueba es una actividad que refleja la versatilidad y complejidad de los actos humanos. Si en ella interviene el Estado, como parte litigante, el tema se hace más difícil, revelando la forma como se ejerce el poder por la autoridad. En efecto, el derecho probatorio descansa sobre una serie de principios y reglas, como las que hace más de dos siglos elaboró Ulpiano, disponiendo que, “al que afirma corresponde probar su afirmación”, o “la obligación de probar corresponde al acusador”. Sin embargo, como se podrá apreciar al leer esta recopilación, en la litigación pública surgen dificultades que exceden en muchos casos del campo estrictamente jurídico.

Efectivamente, no hay ninguna faceta de la prueba en la litigación pública donde no se verifique alguna situación particular, repercutiendo directamente en la situación jurídica probatoria de las partes.

La obra que se presenta está conformada por trabajos generales y otros particulares. En cada uno se aprecian diversos resultados y conclusiones, según el objeto de estudio fijado libremente por cada autor. El único factor común que advertimos en ellos es revelar que en los procesos donde es parte la Administración ha surgido un sistema particular, con una variedad de soluciones prácticamente en todos los tópicos que conforman el derecho probatorio.

Para efectos de sistematización se han agrupado en las siguientes categorías: el derecho a la prueba, la carga de la prueba, los medios de prueba, la ponderación de la prueba y la prueba en procedimientos sancionatorios.




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