Derecho Procesal Civil

Necesidad de establecer un estándar de prueba en el nuevo proceso civil chileno

Codigo: LBdpc1607

$ 20.000 con/IVA

Autor: Raúl Montero López
Editorial Librotecnia
ISBN: 978-956-327-160-7
Primera edición, agosto 2017
Formato: 15 x 21 cm.
240 páginas

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El establecimiento de estándares probatorios constituye una decisión de política legislativa de enorme trascendencia en el contexto de la incertidumbre característica de un acto de adjudicación, cual es la decisión judicial. Tales criterios, reglas o principios –o su ausencia– contribuyen a la definición del sistema procesal, en tanto entregan herramientas que permiten adoptar y justificar dicha decisión, distribuyendo los costos del error implícito en dicho acto.

La definición en torno a los estándares de prueba constituye una opción legislativa. Sin embargo, aquella debe tomarse teniendo presente el papel que cumple un estándar, las finalidades del mismo y los eventuales costos y riesgos de operar un sistema con y sin ellos.

Los estándares de prueba indican, tanto a los intervinientes como al tribunal, el grado, umbral de suficiencia o el nivel de prueba que debe satisfacerse en los distintos tipos de procesos, y por ello cumplen como función principal asignar criterios de distribución de errores en la resolución judicial.

El papel de los estándares se ubica en un plano o momento distinto del de valoración probatoria. Esta la debe realizar el tribunal respecto del material de prueba aportado por las partes o intervinientes, ya sea que dicha labor valorativa se realice preordenada por criterios entregados por el legislador, o bien libremente, pero sometido o deslindado por criterios objetivos o racionales.

La relación entre ambos, sistemas de valoración y estándares de prueba, es abordada en esta obra que constituyó el Trabajo de Fin de Máster para obtener dicho grado académico, y que fuere calificada como sobresaliente, obteniendo su autor el Premio Extraordinario en los estudios conducentes al mismo.

A través de dicha relación se trata de establecer la efectividad –o no– de la suficiencia de la valoración racional y la fundamentación de la decisión en un sistema de sana crítica, como garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva. A tal efecto se busca exponer cómo ambos institutos operan en distintos momentos del proceso de decisión jurisdiccional, analizando en particular si a través del primero se pueden cumplir los fines que se asignan al segundo, tanto en materia de suficiencia de la corroboración o comprobación de hipótesis, como en el ámbito de la distribución del margen de error tolerable en la resolución judicial.

 

 



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