Derecho Constitucional

El debido proceso en la Constitución y el sistema interamericano

Codigo: LBdco0600

$ 33.320 con/IVA

Autor: Humberto Nogueira Alcalá
Editorial Librotecnia
ISBN: 978-956-327-060-0
Segunda edición, marzo 2012
Formato: 15 x 21 cm.
866 páginas

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En el ámbito chileno, el derecho a la jurisdicción y al debido proceso está asegurado por los artículos 19 N°3 y 76 de la Constitución y los artículos 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las normas derivadas de la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos son cánones internacionales incorporados al derecho interno, por lo cual deben ser aplicados por la jurisdicción interna como fuente de nuestro ordenamiento jurídico, además de ser normas internacionales cuyo intérprete supremo es la Corte de San José de Costa Rica.

En consecuencia, el juez nacional al resolver los casos específicos de los cuales conoce en el ámbito de su competencia, puede y debe realizar la interpretación de las normas convencionales incorporadas al derecho interno en clave convencional, debiendo necesariamente tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

Una vez que los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos entran a formar parte del derecho interno, ellos contribuyen a delimitar y configurar los derechos asegurados constitucionalmente o a asegurar nuevos derechos esenciales en la medida que la propia Convención Americana los considere tales y el Estado lo haya asumido al ratificar en sus términos la respectiva Convención, sin que ellos puedan modificar o suprimir derechos expresamente asegurados por el texto constitucional. Ambas fuentes normativas, la Constitución y los tratados, otorgan a los derechos humanos o fundamentales el carácter de límites a la potestad estatal y derivaciones directas de la dignidad humana, donde sus diversas formas normonológicas de expresión se integran y complementan recíprocamente a través de la interpretación y determinación del conjunto de facultades que integra cada derecho y sus fronteras o límites.

Por otra parte, independiente de los derechos contenidos en las normas convencionales, estas últimas, una vez incorporadas válidamente a nuestro ordenamiento jurídico, tienen una aplicación preferente frente a las normas de derecho interno, en aplicación del principio de cumplimiento de buena fe las obligaciones internacionales, que junto con ser norma internacional son también normas internas al haberse incorporado a nuestro ordenamiento jurídico la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969.

Por tanto, la norma internacional válidamente incorporada al derecho interno en materia de derechos fundamentales tiene aplicabilidad preferente y operatividad inmediata frente a este último, sea anterior o posterior a la ratificación de la convención internacional respectiva. Ello se fortalece en la reforma constitucional de 2005, ya que el artículo 54 N° 1, inciso 5°, aclara que el derecho convencional internacional incorporado válidamente al ordenamiento jurídico no puede ser derogado, modificado o suspendido sino en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales del derecho internacional, por lo cual, mientras esté vigente tiene primacía aplicativa sobre la ley interna.

Por último, es necesario tener presente en materia de atributos y garantías que integran los derechos fundamentales, el principio pro homine o favor persona asumido por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios, que obliga a aplicar siempre la norma que mejor proteja los derechos humanos, como asimismo, a entender que las limitaciones que pueden ser establecidas a ellos por  la ley debe entenderse en forma restrictiva y nunca en forma extensiva o analógica.





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