VENTAS POR LA WEB SOLO EN CHILE, NO SE HACEN VENTAS AL EXTRANJERO
Encuentranos en Espacio M:
Codigo: BFdcn4215
Autor: Roberto Augusto Aguilera Marturano Editorial B de f ISBN: 9789915684215 Primera edición, octubre 2024 Formato: 16 x 23 cm. 166 páginas
Ver índice en PDF
La inspiración de esta obra, de autor argentino, se encuentra en la jurisprudencia de los Estados Unidos, en la cual desde el siglo XIX se fundamentan algunas condenas penales en casos de corrupción de funcionarios públicos en base a lo que se ha denominado “el derecho a un servicio público honesto”, cuya afectación permite configurar la responsabilidad penal aun ante la inexistencia de quid pro quo. El servicio honesto se refiere a que los funcionarios públicos deben actuar bajo la regla de la ley en el marco de lo que se denomina relación fiduciaria, la cual se entabla entre el Estado y los habitantes. De estos últimos hacia los primeros, esta relación implica confianza, depósito de intereses para que sean administrados y autorización de actuar en su nombre; de los primeros hacia los últimos, conlleva el ejercicio de poder discrecional bajo la condición de actuar en interés exclusivo de los habitantes, siempre bajo la regla de la ley.
Esta construcción jurisprudencial parece dar respuesta a las preguntas que giran en torno al depósito de confianza que los ciudadanos hacen en los funcionarios públicos y el Estado, y la expectativa de que estos actuarán conforme a las leyes. Sin embargo, al igual que en su homónima norteamericana, en las Constituciones de la Nación Argentina, Chile, Colombia, España, México, Perú y Uruguay no hay ninguna disposición normativa que expresamente se refiera a un derecho subjetivo de los ciudadanos a que la prestación de los servicios públicos debe ser realizada bajo la regla de la ley.
Este trabajo presenta por primera vez en la doctrina jurídica la existencia de un derecho constitucional de los ciudadanos a que los funcionarios y agentes públicos presten un servicio público honesto. Este nuevo derecho nace de la correcta interpretación de las normas constitucionales que protegen la dignidad de la persona, las que protegen la igualdad y las que hacen posible el ejercicio de las libertades individuales.
El derecho constitucional al servicio público honesto abre un nuevo campo de posibilidades para la ciudadanía y los operadores judiciales; al tiempo que brinda a los magistrados una herramienta esencial para la lucha contra la corrupción. La identificación en las Constituciones Nacionales de los países iberoamericanos es la piedra fundacional de un nuevo paradigma jurídico.(www.librotecnia.cl)